Los rectores de las Universidades Públicas, reunidos en la asamblea del Sistema Universitario Estatal realizada en Cartagena, constataron la crítica situación financiera que enfrentan las 32 universidades públicas reflejadas en un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de inversión.
Además, analizaron el texto propuesto para primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones económicas terceras y cuartas del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, identificado como proyecto de Ley No. 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la nación para el 2019.
Una vez hechas las respectivas deliberaciones frente a estos temas, decidieron solicitar a los parlamentarios del Congreso de la República la no aprobación del proyecto de Ley No 052 y 059 de 2018.
Aducen que ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social.
Según la agremiación, El proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto del IPC y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.
Aseguran que se contempla cerca de 1.97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga, estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un recurso concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas.
Solicitan que es necesario que los recursos contemplados en la ley 1819 de 2016 en materia de impuesto complementario a la renta, excedentes de cooperativas e IVA social, se destinen al SUE como fue previsto.
Además piden que al Congreso de la República recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500 mil millones para la viabilidad y sostenibilidad del SUE. Recursos que debieron haber ingresado en el 2018 a las universidades públicas y terminaron financiando becas Icetex y el Programa Ser Pilo Paga.
Manifestaron su categórico desacuerdo frente la continuidad del Programa Ser Pilo Paga o su posible reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido de la cobertura -calculado en 1,97%-, con un costo muy alto que se estima en 3,5 billones para financiar a tan sólo 40.000 jóvenes. En contraste para el 2017, las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la nación de 2,93 billones. A todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la educación superior si destináramos estos recursos para las universidades públicas.
Asimismo, se puede señalar que más allá de financiar la demanda a través de créditos-becas, se trataría en primer lugar de resolver el tema de la financiación de las universidades públicas para garantizar la atención de la cobertura en estas entidades orientada especialmente a los estratos 1 y 2 de la población.
Se recuerda que el gran Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Pública Superior se realizará el 10 de octubre a las 3:00 p.m. en el Congreso de la República.
