En el Concejo Distrital se llevo a cabo una citación de control político sobre el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las Murallas y el Castillo de San Felipe. En plenaria se contó con la presencia del Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar; Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas Ayala; director del IPCC, Iván Sanes; Gerente de Espacio Público, Dulfry Martínez; Secretario de Planeación, Iván Castro; Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Jorge Carrillo; Director de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Álvaro Gómez Poveda; Curador Urbano 1, Ronald Llamas; y la Gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas.
La introducción del debate estuvo a cargo del concejal César Pión (La U) quien resaltó que para el PEMP de murallas no se realizó la debida socialización, también destacó la importancia de los bienes culturales que buscan protegerse e hizo un llamado para lograr que a través de este diálogo entre las partes, sea posible sacar conclusiones respecto a este tema.
Posteriormente, el Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, explicó que existen 2 tipos de PEMP: Uno para defender un conjunto urbano y otro para la defensa de conjuntos arquitectónicos, y en Cartagena ambas situaciones se presentan, motivo por el cual fue aprobado un PEMP de murallas y se viene trabajando en un PEMP del Centro Histórico.
Para continuar, el Director resaltó que el PEMP es una herramienta que busca proteger el patrimonio cultural y aprovecharlo de la manera más beneficiosa posible. En ese sentido, expresó que el PEMP del Centro Histórico es responsabilidad de la Alcaldía y ha presentado dificultades a lo largo de su formulación. Por otra parte, el PEMP de murallas lo formuló el Ministerio junto a la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), ya que es la dependencia encargada del manejo de las fortificaciones.
Al respecto, Escobar informó que el 95% del equipo que trabajó en este PEMP era cartagenero, además, aclaró que todo lo acordado se hizo en concertación con la Alcaldía; de igual forma, el funcionario reiteró que el PEMP no modifica de ninguna manera el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. Otros aspectos señalados por el director fueron:
- Junto a la Alcaldía se determinó que la mayor amenaza para el Centro y sus inmediaciones es el área de influencia, la cual fue ampliada en 3 anillos alrededor del Centro y el Castillo de San Felipe. Por lo anterior, en el primer anillo la altura de las edificaciones se limita a 2 pisos, en la segunda etapa del anillo se limita a 4 pisos, mientras que sobre la tercera etapa se acordó que solo intervendrá el Ministerio si las alturas definidas no se respetan.
- La Base Naval no fue incluida en el área de influencia determinada en este PEMP.
- Se estableció que de haber discusiones o inquietudes en relación al área de influencia es posible efectuar revisiones para reformular los conceptos.
- El PEMP define los usos del cordón amurallado y se plantean proyectos para la conexión del Castillo y el Centro Histórico.
A manera de aclaración, el Secretario de Planeación, Iván Castro, mencionó que habían sectores en el barrio Manga que contaban con libertad de altura pero se encontraban dentro del cono visual del Castillo, esta situación se precisó en el PEMP y se estableció que la altura permitida en estas zonas será de 14 metros.
Sobre esto, el concejal David Caballero (Conservador) señaló que tiene conocimiento de lugares en Manga donde las edificaciones no podrán pasar de 8 pisos, por lo que considera que el PEMP si ocasionó una afectación. En el mismo sentido, el concejal Wilson Toncel(Cambio Radical) destacó que según lo planteado, las construcciones se limitarían a 14 metros, es decir, 4 pisos.
Finalmente, el director de Patrimonio dio a conocer que se viene trabajando en una segunda parte del PEMP que incluiría el sistema defensivo de la bahía a partir de estructuras militares e industriales que ya hacen parte del patrimonio cultural de la nación, como el castillo de San Fernando, castillo de San José, entre otros; además, se analiza la posibilidad de tener una declaratoria de paisaje cultural de toda la bahía. Estas propuestas se presentarían ante el Consejo de Patrimonio Cultural en el 2020.
Más adelante, el concejal César Pión (La U) resaltó el hecho de que la Alcaldía siempre tuvo conocimiento de las acciones del Ministerio de Cultura, por lo que entonces no se comprende por qué se permitieron construcciones en las cercanías del Castillo, en los posibles corredores que conectarían el Centro con otros barrios, o en zonas que obstaculizan conos visuales. Para el cabildante, este tema amerita una investigación más profunda.
Por su lado, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) solicitó conocer cómo se determinó lo referente a la altura de las edificaciones ya que se generaría una desigualdad entre las personas que quisieran construir en estas zonas de influencia, teniendo en cuenta que ya se permitió la existencia de edificios de más de 4 pisos.
A su turno, los concejales David Caballero (Conservador) y Lewis Montero (Opción Ciudadana) se refirieron a la socialización con la comunidad y la propuesta para que los ciudadanos conozcan este PEMP.
Seguidamente, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, expresó que bajo el esquema legal vigente, las normas sobre patrimonio cultural tienen prevalencia sobre las de ordenamiento territorial, por lo tanto, al momento de dictarse pautas patrimoniales el Ministerio aplica el principio de coordinación y busca consenso con las entidades territoriales para lograr mayor legitimidad de la herramienta expedida.
Sobre las afectaciones que el PEMP genera a aquellos proyectos de desarrollo urbano que hubieran podido darse de no realizarse un cambio en la norma, el funcionario precisó que lo establecido en el PEMP, salvo el caso de Manga, concuerda con lo determinado en el POT.
Vargas también explicó que existen pronunciamientos recientes del Consejo de Estado donde se da a entender que la expedición de licencias de construcción no genera un derecho adquirido para personas que quieran realizar nuevas edificaciones. Finalmente, manifestó que una vez se finalice la formulación del PEMP del Centro Histórico será necesario articular ambos PEMP.
Luego, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) presentó sus inquietudes sobre los 3 baluartes que se encuentran alquilados o en concesión, ya que en el PEMP se limita el uso comercial de los baluartes.
Frente a esto, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura expresó que en la formulación del PEMP se proyectaron las fortificaciones como sitios de encuentro cuyo uso debe ser consecuente con esta perspectiva, además, varios ciudadanos manifestaron su inconformidad frente a la comercialización de estos espacios, motivo por el cual se busca que estas situaciones no se repitan y que en caso de otorgarse un baluarte en concesión sea como vitrina de la ciudad; en ese sentido, Alberto Escobar indicó que todos los recursos generados por estos negocios que operan en las murallas, se destinarán al mantenimiento de las mismas.
En cuanto a las fortificaciones que ya se encuentran arrendadas mencionó que ya están iniciando procesos legales y dio a conocer que, según la IGAC, los valores de arrendamiento no hacen justicia a lo que se debería pagar por este concepto.
Teniendo en cuenta lo mencionado por el Director sobre el valor que se paga por el uso de los baluartes, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) manifestó su preocupación, pues el Concejo debe conocer cuánto es el costo que se cancela para buscar soluciones al respecto.
Para el concejal César Pión (La U) es claro que este PEMP sí genera afectaciones. Además, se refirió a la Ley 768 de 2002 en la que se estipula que la administración de bienes culturales localizados en la jurisdicción de los Distritos podrá ser asumida por las autoridades locales, según lo disponga el Concejo mediante Acuerdo; en ese sentido, Pión destacó la capacidad de la Alcaldía para administrar sus bienes y expresó que este es un aspecto que debe ser reglamentado.
A su turno, el concejal Óscar Marín (Conservador) manifestó que el marco jurídico sustentado por Vargas se rige bajo leyes anteriores, teniendo en cuenta que la actual Ley de Distrito determina que los bienes culturales le corresponden a cada Distrito, por lo que considera que la Administración y el Concejo deben trabajar en una política pública cultural.
Luego, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Angélica Salas, Gerente de Camacol Bolívar, quien expuso sus observaciones en torno al PEMP, algunos de los cuestionamientos hicieron referencia a la inadecuada socialización, ampliación de la zona de influencia, inestabilidad jurídica, y dificultades de acceso a información como anexos y soportes técnicos. En ese sentido, propuso la creación de un Plan de Trabajo para superar estas situaciones.
Más adelante, Juan Manuel Vargas, indicó que la actual Ley de Distritos es la Ley 1617 de 2013 y la misma no interrumpe las competencias del Ministerio de Cultura sobre la protección patrimonial.
Como parte de las conclusiones de la sesión, el concejal César Pión (La U) señaló que la Oficina Jurídica del Distrito debe trabajar por fortalecer la ETCAR y realizar una revisión de los espacios dados en concesión en las fortificaciones pues si es necesario, debe haber compensación para el Distrito.
Posteriormente, el Secretario de Planeación, Iván Castro, dio a conocer que durante la formulación del PEMP el Ministerio presentó una propuesta para ampliar el área de influencia en Manga hasta la zona portuaria, sin embargo, desde la Secretaría se demostró que no era posible, toda vez que debían ceñirse a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Además, aclaró que el PEMP del Centro Histórico es el Plan que se encuentra en la obligación de ser tramitado en el Concejo antes de ser enviado al orden nacional para su posterior aprobación.
Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo, destacó que es de gran importancia que aún sea posible retomar la comunicación con el ente nacional para replantear lo que sea necesario y analizar si lo trazado en el instrumento en cuestión se alinean a los intereses distritales.
Por último, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) presentó una solicitud para que ante la posibilidad mencionada por el Ministerio de atender las inquietudes y modificar lo que sea necesario, se establezca una mesa de trabajo que incluya al Concejo, gremios y ciudadanos.
