Atendiendo una solicitud ciudadana, una Comisión Especial de la Contraloría General de la República inició seguimiento a la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, luego que el pasado 11 de septiembre se diera inicio al contrato para la operación del mismo, suscrito por la Alcaldía de Cartagena con la Unión Temporal PAE Cartagena 2018.
El contrato fue adjudicado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – B.M.C., por una cuantía de $18.491 millones, y su ejecución se encuentra prevista hasta el próximo 30 de noviembre de 2018, es decir, contará con 47 días de ejecución durante la presente vigencia.
Teniendo en cuenta la importancia e impacto social del Programa de Alimentación Escolar en el país y la relevancia del mismo en la capital del departamento de Bolívar, la Contraloría General, en ejercicio de sus funciones de control fiscal, comenzó a realizar visitas a la Alcaldía de Cartagena para adelantar este seguimiento, ordenado por el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
Comisión Especial
Para realizar esta labor, el Contralor General dispuso la conformación de una Comisión Especial, integrada por los mismos profesionales que en su momento evidenciaron las irregularidades del PAE en Cartagena, durante pasadas administraciones (incluyendo el caso de las pechugas compradas en $40.000), hechos por los que la CGR adelanta actualmente 5 procesos de responsabilidad fiscal en cuantía total de $3.878 millones de pesos.
El cronograma inicial de visitas inició el miércoles 26 de septiembre y se cerró el viernes 28. Continuará el próximo mes de octubre (los días 4 y 5) y culminará el 1º y 2 de noviembre.
Este seguimiento incluye la toma de información en la sede de la Alcaldía Distrital de Cartagena y en la Secretaría de Educación, para la valoración documental del contrato adjudicado, su ejecución y supervisión.
Posteriormente, se efectuarán muestras de la ejecución del contrato en las Instituciones Educativas donde opera el PAE en Cartagena, para finalmente efectuar una inspección adicional en las instalaciones de la Alcaldía y su Secretaría de Educación, para verificar la ejecución contractual.
Control fiscal participativo y respaldo legal
Se trata de un Control Fiscal Participativo que pretende llevar de manera articulada, a través de mesas de trabajo, el seguimiento a la ejecución del PAE y sus recursos, en el marco de las funciones y competencias de la Alcaldía Distrital de Cartagena, su Secretaría de Educación y la propia Contraloría General de la República.
En el caso especial de la Contraloría, este ejercicio de control se desprende de las funciones y competencias que establece la Constitución Política de Colombia, y que en esta oportunidad se fortalecen por la participación ciudadana en la ejecución del PAE.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, especialmente en la Sentencia T-475 de 2016, donde el alto tribunal efectuó un llamado al compromiso especial de parte de los entes de control, para que dediquen sus esfuerzos de forma prioritaria a la vigilancia de contratos y convenios que se celebran a nivel territorial para la provisión de los servicios del Programa de Alimentación Escolar, y evitar así que sus recursos se desperdicien o desvíen.
En esa misma sentencia, la Corte exhorta a los organismos de control para que adopten los mecanismos necesarios para darle trámite prioritario a las investigaciones abiertas y en curso, e incluso a cruzar información para obtener la información más completa posible, que permita tomar todas las medidas del caso.
El pronunciamiento mencionado se complementa con lo dispuesto por la misma Corte en su sentencia C-103 de 2015, donde estableció que el control fiscal respecto de los contratos estatales se puede ejercer a partir de su perfeccionamiento, durante todo el proceso de ejecución, y después de su liquidación o terminación.
En consecuencia, el control fiscal sobre los contratos estatales, especialmente los suscritos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, como el de Cartagena, puede ejercerse desde que la administración culmina todos los trámites administrativos de legalización del contrato, en cumplimiento del mandato conferido a la Contraloría por la Corte, en la citada sentencia T-475 de 2016.
