La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al exsecretario de Infraestructura de la alcaldía de Cartagena, Antonio Flórez Garizábal (2008 – 2011), y por 11 años al exalcalde de la localidad Histórica y del Caribe Norte de la capital de Bolívar, Amaury Lora Márquez (noviembre 2010 – diciembre 2011), por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios para la ejecución de obras públicas con la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, por más de $600 millones.
La Procuraduría Provincial de Cartagena determinó que los entonces funcionarios entregaron a Edurbe el 100% del valor de los convenios antes de iniciar los trabajos, con lo que violaron las normas legales que prohíben que los anticipos o pagos adelantados excedan el 50% del valor de los contratos.
En el caso de Flórez Garizábal el convenio firmado tenía como objetivo la reparación del techo de una dependencia de la administración municipal, por $75.264.719.
Por su parte Lora Márquez, contrató al Edurbe para realizar una serie de obras que incluían la adecuación, recuperación y mantenimiento de parques y zonas verdes de la localidad, la construcción de unidades sanitarias y la dotación del centro comunitario en la isla de Punta Arena, ente otros trabajos, por más de $589 millones.
Para el Ministerio Público con su actuación los disciplinados vulneraron los principios de moralidad y responsabilidad administrativa, al desconocer su compromiso de cumplir sus deberes constitucionales y legales en la contratación.
Por esos hechos el órgano de control calificó la conducta de los exfuncionarios como una falta gravísima a título de culpa gravísima.
Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
