En el Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político sobre el estado de la concesión de alumbrado público; el debate contó con la presencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo; la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón; una delegada de la Secretaría de Planeación; William Murra, de la interventoría QBM2; Raimundo Pereira, representante legal de la concesión de alumbrado público; y un representante de la Policía Metropolitana.
El concejal citante César Pión (Partido de la U) manifestó que los cuestionarios enviados buscan aclarar la situación de la concesión, teniendo en cuenta que presuntamente existe un desequilibro económico, además, el contrato suscrito en 1998, finaliza en 2019.
Posteriormente, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo, dio a conocer que en la Alcaldía se vienen adelantando una serie de actos administrativos que le impedirán responder ampliamente algunos de los cuestionamientos con respecto al presunto desequilibro económico y la concesión.
Sobre el estado del contrato, el funcionario manifestó que se encuentra en ejecución y se tiene prevista su finalización el 6 de enero de 2019. Sobre el presunto desequilibrio contractual, Carrillo indicó que este aún no ha sido admitido por la Alcaldía, motivo por el cual fueron instaladas unas mesas de trabajo.
En ese sentido, la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, expresó que hay mesas de trabajo técnicas y jurídicas que vienen efectuando una verificación semanal de los informes presentados y la ejecución del contrato, sin embargo, Calderón reiteró que no es posible ahondar en lo referente al desequilibrio económico, toda vez que es motivo de estudio en las mesas de trabajo que continúan en curso para dar una respuesta a la ciudadanía.
Por otro lado, Calderón dio a conocer que actualmente hay 47 mil luminarias que vienen siendo operadas por la concesión de alumbrado público.
A su turno, la representante de la Secretaría de Planeación, señaló que esta dependencia solo hace seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo relacionadas con alumbrado público, pero no tienen conocimiento sobre el funcionamiento de la concesión.
Más adelante, William Murra de la interventoría QBM2, expresó que el costo promedio de mantenimiento de una luminaria en Cartagena es de $146.000, cifra que esta por debajo de la media nacional y la media de la costa atlántica, la cual ronda los $300.000. Además, destacó que el recaudo de la concesión depende del recaudo de Electricaribe, ya que este servicio se cobra dentro de la factura de energía.
Murra también manifestó que una vez se finalice el contrato, la infraestructura y bienes a cargo de la concesión pasarán a manos del Distrito; igualmente, mencionó que existe un saldo de caja que podría ser deficitario por un valor de entre $18 y $22 mil millones. Por otro lado, el interventor manifestó que nadie ha afirmado que el contrato debe ser prorrogado y extendió una invitación a todos los concejales para programar una reunión en la que aclarará las inquietudes específicas de cada cabildante.
Seguidamente, el representante legal de la concesión de alumbrado público, Raimundo Pereira, dio a conocer que desde 2004 ha realizado invitaciones a los alcaldes de la ciudad para instalar mesas de trabajo y efectuar una revisión del contrato, sin embargo, ante el silencio de la Administración, la concesión optó por adelantar un estudio que arrojó el desequilibro contractual. Pereira explicó que posterior a la presentación del documento en el que se informaba sobre el desequilibrio, la alcaldesa Yolanda Wong accedió a la instalación de las mesas y a partir de ese momento se viene trabajando junto a la Administración y la interventoría; al respecto, aclaró que aún no se ha tomado una decisión desde las mesas de trabajo.
A continuación, el representante de la Policía Metropolitana expresó que en las zonas de la ciudad donde se presenta poca iluminación en espacios públicos los delitos más recurrentes son el hurto a personas, hurto a locales comerciales y agresiones personales; no obstante, en estas zonas se dan patrullajes más constantes por parte de la Policía.
Ante una pregunta realizada por el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical), el representante legal del concesionario, explicó que hay zonas de la ciudad que no estaban en el inventario al momento de suscribirse el contrato, sin embargo, se han integrado al sistema a través de obras de expansión.
Luego, el concejal César Pión (La U) manifestó su insatisfacción con la respuesta técnica otorgada y anunció que enviará un oficio a la Administración para que se informe cuál será la decisión del Distrito sobre el futuro de la prestación del servicio de alumbrado público, pues faltan 70 días para la finalización del contrato actual y es necesario asegurar este servicio, entre otros motivos, para reducir el número de delitos que se dan en zonas poco iluminadas.
Por su lado, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) mencionó que la mayoría de las preguntas del cuestionario no fueron atendidas adecuadamente, además, no se informó en plenaria el monto total de recaudo de la concesión, ni lo que se destina a la interventoría. Para el concejal, es preocupante que a 70 días de la finalización del contrato, la Administración no sepa que ocurrirá con la prestación del servicio por lo que considera que se podría estar ante graves omisiones.
A su turno, el concejal Javier Curi (Liberal) llamó la atención de la Administración puesto que no se está dando cumplimiento al Acuerdo 006 de 2016, en el cual se estableció que para determinar la mejor opción en lo concerniente a la prestación de este servicio, es necesario efectuar un estudio técnico.
Posteriormente, el veedor Héctor Pérez Fernández, hizo referencia a la sentencia SU173/2015 de la Corte Constitucional en la que se dispuso que la concesión de alumbrado público de Neiva debía devolver al municipio $11 mil millones, tras el análisis de un caso similar al que se presenta en Cartagena, por lo que considera que al Distrito podrían devolverle cerca de $30 mil millones.
Pérez explicó que sus consideraciones se basan en que el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno (TIR) puesto que en 2011 se determinó que establecer un porcentaje del 13% es suficiente para recuperar lo invertido por parte de los contratistas, sin embargo, la TIR establecida para la concesión de alumbrado público en 1998 fue del 57%.
Para el veedor, la empresa que viene prestando el servicio de alumbrado público no debe continuar prestando el servicio más allá de la finalización del contrato, pues ha engañado al Distrito y a la ciudadanía.
Frente a lo anterior, el interventor del contrato de concesión manifestó que Pérez se encuentra mal informado y le reiteró su invitación a una reunión para aclarar las dudas que presenta. En ese sentido, explicó que luego de un reajuste la TIR de la concesión es del 27% y a la fecha se ha alcanzado un 26%; al respecto, Murra indicó que esta tasa continúa siendo alta en comparación al 13% determinado a nivel nacional, sin embargo, esto se debe a que fue necesario tomar en cuenta otros factores como las tasas de préstamo de 1998.
Por último, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) destacó que la Corporación efectuó esta citación porque desde hace más de un año en plenaria se ha solicitado información sobre el proceder que tomará la Administración una vez finalice la concesión de alumbrado público en 2019, pero no se había obtenido una respuesta clara.
