Concejo propone analizar situación de Jeep colectivos

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En sesión del Concejo Distrital se realizó una sesión especial para escuchar las inquietudes de conductores y propietarios de Jeep colectivos de Cartagena.

En sesión del Concejo Distrital de Cartagena se realizó una sesión especial para escuchar las inquietudes de conductores y propietarios de Jeep que prestan el servicio de transporte colectivo en la zona de Torices, Canapote, San Francisco, y sectores aledaños. La sesión contó con la presencia del director del DATT, Edilberto Mendoza; del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo; y del Personero Distrital, William Matson.

El concejal César Pión González (Partido de la U) señaló la relevancia de escuchar en sesión informal a los representantes del gremio de Jeeps colectivos, teniendo en cuenta que serán desplazados por el sistema de transporte masivo Transcaribe; además, hay cerca de 200 mil personas que se movilizan en estos Jeep, y existe una serie de documentación que les daría a estos transportadores confianza legítima o derecho a reclamar algún tipo de compensación.

Una vez la plenaria se declaró en sesión informal, se abrió paso a la intervención de los ciudadanos José Luis Pájaro, Oswaldo Pérez, Enrique Rojas, José de La Cruz, Luis Ramos y Wilson Henríquez, quienes explicaron que la prestación de este servicio inició luego de que hace 25 años las cinco rutas de buses que cubrían esta zona abandonaran el servicio, motivo por el cual los jeeps suplieron la necesidad de los habitantes del sector.

Los ciudadanos solicitan que, ante el ingreso de Transcaribe, se les dé una solución o alternativa de trabajo, pues cerca de 800 personas se verían perjudicadas y quedarían desempleadas; por lo anterior, proponen que en mesas de trabajo junto a la Administración se analicen alternativas, como aplicar un plan semilla o que se formule una política pública que los cobije.

A continuación, el director del DATT, Edilberto Mendoza, expresó que esta es una situación compleja, pues jurídicamente y dando cumplimiento a sus labores, su deber es combatir el transporte ilegal, sin embargo, es imposible desconocer que también hay un factor social que debe ser atendido. Mendoza dio a conocer que recibió una llamada de la Secretaria General del Distrito para iniciar una mesa de trabajo con los transportadores afectados y reiteró su disposición para apoyar la gestión.

Más adelante, el concejal Pión señaló que la Administración debe presentar una alternativa de solución y defender el derecho al trabajo de estas personas, pues hubo una omisión de parte de las autoridades. Además, solicitó la creación de una mesa de trabajo junto al Concejo, Procuraduría, Alcaldía y transportadores con el fin de ahondar en esta situación.

Por su parte, Jorge Carrillo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, destacó que como funcionario le corresponde cumplir la ley, pero no puede dejar de lado la consideración del problema socioeconómico subyacente, al que debe dársele una pronta solución. Carrillo manifestó su disposición para apoyar la mesa de trabajo y analizar alternativas como la de Soledad en Atlántico.

Seguidamente, el concejal Javier Curi (Partido Liberal) señaló que debe prevalecer el derecho a la igualdad económica de estos transportadores, pues debe permitírseles defender sus derechos económicos y hacer parte de la economía formal. Así mismo, expresó que en el Distrito debe promoverse un sistema de transporte más incluyente, eficiente y con viabilidad social, por lo que sugirió el análisis de una propuesta utilizada en Filipinas con transporte movilizado por energía solar. 

A su turno, el concejal Óscar Marín (Partido Conservador) destacó que durante 25 años se ha permitido la prestación de este servicio, y recordó que la costumbre se convierte en ley al ser reiterativa. El concejal resaltó la disposición de la Administración para dar una solución y propuso que en el proyecto de crédito público para Transcaribe se analice la opción de integrar alternativas para este gremio.

Por último, el concejal César Pión expresó que para evitar la dispersión de responsabilidades, debe quedar claro que le corresponde a la Administración, y especialmente a los funcionarios presentes, liderar la convocatoria para analizar alternativas de solución a esta problemática.

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