El Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena, la Asociación Colombiana de Ingenieros, Aciem-Bolívar y las veedurías ciudadanas Vejuca y Decente, enviaron una carta al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitan la suspensión inmediata de la ejecución del contrato 088804 de diciembre 31 de 1998, entre Valorización Distrital y la Concesión Vial, al considerar que existen “las suficientes evidencias y estudios que permiten demostrar el riesgo de defraude del patrimonio de todos los cartageneros, si se mantiene el cobro de los peajes internos”.
Los representantes de cada una de estas organizaciones basan su solicitud en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, que la permite como medida preventiva a la Procuraduría General de la Nación o a la Personería, suspender procedimientos administrativos, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir, que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público.
“Ese contrato no puede ser prorrogado, no puede continuar ejecutándose; porque sería permitir que unos particulares, se apropien de unos recursos que pertenecen a todos los cartageneros. Para Nosotros en los informes de la Contraloría Distrital y de la Fiscalía, está la prueba reina para no permitirle a EDURBE, que siga diciendo, que el contrato sigue, porque le falta tiempo para recuperar la Tasa Interna de Retorno”, dijo Nausicrate Pérez Dautt, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados, seccional Cartagena.
Estas Organizaciones y Veedurías Ciudadanas, afirman que llegaran hasta las últimas consecuencias y “si los organismos de control y fiscalización no responden a esta solicitud, acudirán a los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Pérez Dautt.
