El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que “el problema de Electricaribe es más complejo que aumentar las tarifas”, y anunció la creación de una comisión de seguimiento, en compañía de la Contraloría General de la República, a las salidas que el Estado proponga para superar una crisis de más de 20 años.
Al instalar la “Audiencia de rendición de cuentas sobre Electricaribe”, Carrillo Flórez aseguró que “este es el punto de partida de lo que debe ser una solución en donde si algo debe primar es la responsabilidad colectiva para adoptar soluciones”.
“Una solución con frialdad, con criterios técnicos, con rapidez. Una salida que sea inteligente y que sea novedosa, que arranque precisamente de la definición de lo que van a ser las matrices energéticas de este país hacia adelante, porque buena parte de la miopía con la que hemos abordado estos temas ha tenido que ver precisamente con desestimar, por ejemplo, las energías alternativas”.
El Procurador anunció que el trabajo articulado con el Contralor, Felipe Córdoba, también abarca el proceso de exploración del nuevo operador porque “necesitamos transparencia absoluta y dejar a un lado cualquier asomo de prácticas que no se compadezcan con el uso de los recursos públicos o de la moralidad administrativa”.
Para Carrillo Flórez la región Caribe “no soporta un apagón más” y los ciudadanos no pueden seguir pagando por la negligencia y la omisión de las autoridades. Lamentó la falta de inversión por parte de Electricaribe en redes eléctricas, pero en especial la ausencia de diálogo con las comunidades
“No hicieron la inversión en redes, pero tampoco hicieron inversión social y nunca participó la ciudadanía de nuestro Caribe en la solución de este problema”.
Finalmente, el procurador Carrillo invitó a la ciudadanía a respetar la legalidad y a no seguir incurriendo en el círculo vicioso de no pagar las facturas del servicio.
“Nuestros procuradores y contralores regionales y provinciales van a estar en contacto permanente con la ciudadanía. Necesitamos veedurías ciudadanas, que nos estén contando lo que está pasando con la prestación del servicio. Necesitamos inversión social con las comunidades para que se vea un relacionamiento claro y que la ciudadanía asuma su responsabilidad. Hay derechos, por supuesto, pero hay deberes y el principal de los deberes es respetar los derechos de los demás”.
Diagnóstico
Frente a la crisis que vive la región Caribe, el Procurador General aseguró que hay mucho diagnóstico, pero pocas soluciones y que han faltado decisiones políticas de fondo para superar los problemas energéticos que se presentan en la actualidad.
El jefe del Ministerio Público hizo un recuento del estado en el que se encuentra la empresa que fue intervenida desde 2016 y explicó que solo en el año 2017 se registraron más de 80.000 quejas, de las cuales el 75% fueron por descontentos en la facturación y el 19% por el mal servicio. Además, aumentaron los cortes de energía con interrupciones del servicio de 85 horas en 2016 a casi 100 horas en 2017.
Así mismo, advirtió que el “Plan Caribe”, previó inversiones de 4 billones de pesos, pero “quedo en un simple anuncio y la respuesta no llegó ni al 10%”.
Según un informe presentado por el agente especial interventor de Electricaribe, Javier Lastra, de 1.212.574 kilómetros de longitud en redes que tiene la empresa, 410.412 kilómetros se encuentran en mal estado, y el 59,4% de los transformadores que están operando tienen descomposición excesiva.
Entre 2007 y 2018 la deuda a Electricaribe ascendió a 2.3 billones de pesos. Más del 50%, de las deudas pertenecen a los usuarios de estrato 1, 2 y los barrios subnormales, aunque los estratos 5 y 6 también están debiendo. La suma de la deuda de los comerciantes y los industriales asciende a 350.000 millones de pesos.
“Las cifras claramente indican que las pérdidas oscilan entre el 18% y el 20% anual en esta compañía. El no pago de servicio por parte de las entidades oficiales, que conocen el problema mejor que nadie, a junio 30 del 2018 ascendió a 234. 000 millones de pesos”.
En la audiencia, que se llevó a cabo en el coliseo de la Universidad del Norte, participaron la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e), María Paula Jaramillo; el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Christian Jaramillo; el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, y director de la Unidad de Planeación Minero Energética-Upme, Ricardo Ramírez.
