La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia y/o von Willebrand.
El órgano de control también endilgó cargos a los execretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán; de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda.
El Ministerio Público reprochó a Besaile Fayad la presunta omisión en la vigilancia y control jerárquico de las funciones de su secretario de Desarrollo de la Salud.
Encontró que pese a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, el 4 de mayo de 2016, donde se evidenciaban deficiencias en la verificación de la prestación real del servicio de salud, el departamento, al parecer, posteriormente permitió o toleró el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS.
A Pareja Alemán se le cuestionó porque presuntamente ordenó el pago sin realizar los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles que, al parecer, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados.
Para la Entidad, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio supuestamente prestado en la vigencia 2015 con recursos de 2016, sin que la supuesta obligación estuviera registrada en cuentas por pagar, ni tuviera un rubro destinado para una vigencia expirada.
La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa.
