El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, radicaron este martes ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley número 117 de 2018 – Senado, por el cual se adoptan medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones.
“Me complace estar acá con el Procurador General de la Nación, con el doctor Fernando Carrillo Flórez, presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y en el fomento de la probidad pública”, dijo el mandatario luego de radicar la iniciativa.
Al explicar el contenido del proyecto, el Jefe de Estado destacó, en primer lugar, que se busca ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos.
“La prescripción pasarla de 5 a 20 años en la acción disciplinaria es muy importante, porque le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionar”, precisó.
Como un segundo punto, al que calificó de “elemento profundamente novedoso en nuestro país”, el Jefe de Estado citó que el proyecto busca igualmente instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas.
Duque indicó que, dentro de las sanciones, “está la sanción corporativa, pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios, sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado”.
“Que aquí tengamos la sanción penal a las personas jurídicas es también un gran logro que Colombia podría alcanzar, porque eso nos permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas”, agregó.
Por último, el jefe de Estado resaltó que el proyecto se propone fortalecer, motivar y patrocinar la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo cual permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos.
“Que nosotros tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana, con mecanismos de protección, también nos va a permitir a nosotros es hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando”, dijo.
Al término de su declaración, el Jefe de Estado subrayó que “este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción”.
Palabras del procurador General
“Este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”, sostuvo Fernando Carrillo Flórez al advertir que el sector privado debe comenzar a asumir responsabilidades en la lucha contra la corrupción.
El proyecto de ley, que busca promover la probidad administrativa, fortalecer la institucionalidad y aumentar la articulación del Ministerio Público; establece mecanismos de protección a quejosos y testigos en procesos disciplinarios, situación que en Colombia nunca se había implementado para casos que conoce la Procuraduría; y crea un sistema de alertas tempranas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos.
“Esto es simplemente la muestra de que le estamos respondiendo a la ciudadanía, porque lo que hubo el domingo fue un clamor contra la corrupción, y creemos que hay que materializarlo no solo en leyes, en actos administrativos y resoluciones, sino en cambios de comportamiento ciudadano”.
Carrillo Flórez dijo que la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de fiscalización “vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha, porque lo que hemos recibido es un espaldarazo de la ciudadanía, y con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción”.
