El presidente de la República, Iván Duque Márquez, radicó en el Congreso de la República ocho proyectos de ley, producto de la mesa técnica de lucha contra la corrupción, que se complementan con las otras cinco iniciativas puestas a consideración del Legislativo el 8 y el 28 de agosto.
“Hoy empieza una nueva forma de hacer política en el manejo legislativo, donde los partidos se pueden poner de acuerdo con el Gobierno y convertir la lucha contra la corrupción en un propósito de todos”, declaró el Jefe del Estado luego de radicar las propuestas legislativas en la Secretaría del Senado.
El presidente dijo que la mesa técnica, creada a partir de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto, “le cumple a Colombia presentando un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción que complementan el paquete que había sido presentado por el Gobierno Nacional y también el que ha sido presentado por los organismos de control”.
Duque llamó la atención en el sentido de que esa mesa “debe seguir siendo viable y permanente” para concertar otras reformas que el país necesita como la reforma a la justicia.
El presidente reiteró que este resultado demuestra el compromiso del Gobierno Nacional y los partidos políticos de derrotar la corrupción. “Cuando el país se une en torno a propósitos comunes, se construye y se construyen soluciones”, aseveró.
Proyectos de ley presentados
1. Por medio del cual se incentiva la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y del orden territorial.
Al explicar el contenido de este proyecto, el Jefe de Estado explicó que así “se fortalecen los presupuestos participativos en materia de inversión para que el país pueda de liberar a plena luz del día sobre la orientación de las partidas y la forma en la que están priorizadas con respecto al desarrollo regional”.
2. Por medio de cual se establecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales.
3. Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos.
Sobre este punto indicó que se ya ha “avanzado en términos de transparencia en hacer públicas las declaraciones de renta y de bienes que además ya han sido presentadas en un proyecto para elevarlos al rango deber constitucional”.
4. Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 5 y se dictan otras disposiciones.
5. Por el cual se establece tope para el salario de los congresistas – servidores públicos del estado.
6. Por el cual se establece un tope de salarios de congresistas y altos funcionarios del estado.
7. Por medio del cual se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.
8. Por medio del cual se fortalecen las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y se dictan otras disposiciones.
Durante su declaración el Mandatario subrayó que “se están aumentando las sanciones efectivas y también están persiguiendo los patrimonios de los corruptos de manera efectiva”.
Afirmó que el Gobierno Nacional y los partidos políticos trabajarán para que los proyectos sean aprobados en el Congreso antes de finalizar este año.
El Jefe del Estado estuvo acompañado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra Justicia, Gloría María Borrero, el procurador general, Fernando Carrillo, el contralor general, Carlos Córdoba, y representantes de los partidos políticos y promotores de la Consulta Popular Anticorrupción.
Los proyectos ya presentados
Las iniciativas anticorrupción puestas a consideración del Congreso de la República el 8 de agosto incluyen empoderar a la ciudadanía para que denuncie a los corruptos, endurecer las penas y negar la casa por cárcel a los corruptos, la obligación de presentar declaración de bienes y activos por parte de los funcionarios públicos, que los delitos por corrupción no prescriban y que las empresas involucradas con corrupción no puedan contratar con el Estado, entre otros aspectos.
También está el Proyecto de Ley 117 de 2018, radicado por el Mandatario y el Procurador General el 28 de agosto, por el cual se adoptan medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones.
Igualmente, esa iniciativa plantea ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos. Así mismo, prevé la instauración de la acción penal contra las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción y establece fuertes sanciones para éstas, sus gestores y propietarios.
Entre dichas sanciones se destacan la prohibición de volver a contratar con el Estado y la extinción del dominio exprés contra quienes defraudan el patrimonio público.
Finalmente, el proyecto propone fortalecer la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo que permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos.
